Por considerarlo de especial interés, reproducimos el Editorial del Diario La Nación de Buenos Aires, relacionado con el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina.
Al cumplirse, hoy, 19 años del salvaje atentado a la AMIA, que costó la vida a 85 argentinos e hirió a otros 300, el aniversario vuelve a encontrar a la investigación judicial en una grave crisis, ocasionada por el Gobierno. Lamentablemente, no es una novedad esta injerencia de los intereses políticos en lo que debería ser un expediente encaminado exclusivamente a la búsqueda de la verdad real y a la identificación y sanción de los culpables. Algo similar ocurrió en los años 90 cuando, como producto de las pujas políticas entre Carlos Menem y Eduardo Duhalde, se imputó a una presunta banda de policías bonaerenses, que luego resultaron absueltos en el juicio oral.
Ahora, la crisis la ha provocado la Presidenta. Su sorpresiva política tendiente a un tan inexplicable como peligroso acercamiento con Irán condujo a la firma de un acuerdo entre los dos países para constituir una Comisión de la Verdad, que revisará lo actuado por la justicia argentina en la causa del atentado.
De esa manera, sin una explicación acabada ni una franca discusión con las partes del proceso y los dirigentes de la oposición, el gobierno nacional no sólo pone bajo un enorme manto de sospechas todo lo actuado por la justicia de nuestro país, sino que, de hecho, prácticamente desplaza al juez natural, Rodolfo Canicoba Corral, y al fiscal federal Alberto Nisman, para reemplazarlos por la futura Comisión de la Verdad, que actuará como el verdadero juez y resolverá qué está bien y qué está mal en el gigantesco y complejo expediente.
La Presidenta, como cualquier ciudadano, tiene todo el derecho a dudar acerca de la orientación que se imprimió a la investigación y la calidad de las pruebas recolectadas en abono de esa línea. Es más, en sus años de legisladora elaboró un informe sobre la primera etapa de la investigación, por lo cual no puede negársele conocimiento del tema. Si ella no está satisfecha con lo realizado por Nisman desde que el propio presidente Néstor Kirchner colocó a este fiscal al frente de la unidad especial creada con el exclusivo fin de investigar el atentado, debería decirlo sin vueltas y explicar por qué.
Las versiones de que la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, nombraría un fiscal adjunto que se desempeñaría junto a Nisman tampoco resultan halagüeñas, por más que se las haya desmentido, igual que su negativa a autorizarle a realizar un viaje oficial para exponer el contenido de su último dictamen en el Congreso de los Estados Unidos. O se confía en el fiscal o se lo desplaza tras un fundado informe sobre todo aquello que se le objeta. ¿También se desconfía, acaso, de los elementos que habría aportado la propia Secretaría de Inteligencia (ex SIDE), encabezada por dos kirchneristas, para la confección de ese dictamen que ha vuelto a responsabilizar a Irán?
Lo peor que podría ocurrir para enturbiar aún más el panorama es que se esté buscando un acercamiento con Irán a costa de la causa AMIA y por motivos ajenos al genuino esclarecimiento del caso. Ha de ser indefectiblemente la justicia argentina la que revise, en la etapa procesal correspondiente, lo actuado por Nisman y Canicoba Corral. A estas alturas de los acontecimientos no se puede hacer entrar por la ventana a una comisión que integrarán figuras elegidas por la Argentina e Irán, otorgándole la potestad de aprobar o desautorizar lo actuado, porque de lo que se trata aquí es del peor atentado cometido en la Argentina. Como hemos sostenido semanas atrás en esta columna, el juez Canicoba Corral debería tener esto bien presente cuando resuelva sobre la constitucionalidad o no del acuerdo con Irán. Es preciso, también, que terminen de una vez las demoras que vienen postergando en forma reiterada el indispensable inicio del juicio oral sobre el desvío que sufrió la investigación en sus primeros años, cuando el juez era Juan José Galeano, y en el que se encuentran imputados, entre otros, el ex presidente Menem, ex jerarcas de la SIDE y ex funcionarios judiciales.
Ni la política nacional ni la internacional deberían entrometerse cuando la memoria de 85 personas, junto con los heridos y los familiares, y toda la sociedad reclaman y merecen verdad y justicia, la verdad y la justicia que se les ha negado durante 19 años, muchas veces por motivos tan mezquinos como los que actualmente enturbian el panorama. La prueba es que en la causa principal no sólo no hay condenados, sino que tampoco hay procesados.
Con el pretexto de su viaje a Colombia, la Presidenta no estará hoy presente en el acto que se realizará bajo el acertado lema de «19 años. La herida sigue abierta». Su ausencia es toda una definición
En un día como hoy nos sumamos a la inquietud que provocan 19 años sin pronunciamientos judiciales y a la deriva que ha tomado el caso ante las decisiones presidenciales de Argentina.
Fuentes: La Nación – Argentina
Press SM – Diego Acosta García – Corresponsal en Berlín
